TEMA 4 - GASTO PÚBLICO

PROGRAMA SINÓPTICO

Introducción

El gasto público, representa una de las modalidades a través de las cuales cualquier Estado responsable aspira incidir en mejorar la distribución social y la calidad de vida de la población. Es una herramienta de política pública a través de la cual los gobiernos pueden contribuir al desarrollo humano sostenible. Para ello pueden intervenir mediante diversas acciones tales como la promoción del crecimiento económico, la corrección de fallas del mercado, la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo, así como proporcionando servicios sociales para satisfacer las necesidades de la gente. Sin embargo, el rápido incremento que ha experimentado el gasto público en los países en desarrollo, sin un aumento correlativo de los ingresos tributarios, ha provocado crisis fiscales de amplia magnitud, con el paradójico resultado de que en muchos casos no se ha logrado ni promover el crecimiento sostenible ni mejorar la equidad. Venezuela no escapa de ésta realidad por lo que surge la necesidad de conocer mas a detalle en que consiste el gasto público, como se clasifica, la evolución de dicho gasto en Venezuela, cual es la relación entre el gasto público y el presupuesto de la nación

1.1. Gasto Público
1.1.1. Concepto
El gasto público es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado económico-patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones, que implican un decremento en los fondos propios.
Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al resultado citado de la entidad a través de cuentas de gestión. No debe confundirse con el término "gasto presupuestario": existen gastos que no constituyen gasto presupuestario (gastos extra presupuestarios).

1.1.2. Clasificación
A continuación se presentan las distintas formas de clasificar el egreso (gasto) público previsto en el presupuesto:
Institucional
A través de ella se ordenan los gastos públicos de las instituciones y/o dependencias a las cuales se asignan los créditos presupuestarios, en un período determinado, para el cumplimiento de sus objetivos.
Por la Naturaleza del Gasto
Permite identificar los bienes y servicios que se adquieren con las asignaciones previstas en el presupuesto y el destino de las transferencias, mediante un orden sistemático y homogéneo de éstos y de las variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo.
Económica
Ordena los gastos públicos de acuerdo con la estructura básica del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de las transacciones públicas con el sistema, además permite analizar los efectos de la actividad pública sobre la economía nacional.
Se relaciona con dotar de infraestructura, energía, comunicaciones y transportes, desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la capacitación y el empleo, impulso competitivo empresarial, estos se pueden considerar como un gasto real o de inversión.
Descripción de los principales rubros de la clasificación económica:
- Gastos Corrientes: Son los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros componentes del sistema económico para financiar gastos de esas características.
- Gastos de Capital: Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico.
Sectorial
Esta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental.
Por Programa
Ésta presenta el gasto público desagregado en función de los sectores económicos y sociales, donde el mismo tiene su efecto. Persigue facilitar la coordinación entre los planes de desarrollo y el presupuesto gubernamental.
Regional
Permite ordenar el gasto según el destino regional que se le da. Refleja el sentido y alcance de las acciones que realiza el sector público, en el ámbito regional.
Desarrollo Social
Esta relacionado con la educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social, y superación de la pobreza. Estos se pueden considerar como un gasto público real o de consumo.
Dado que el gasto público es el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo; el mismo puede ser clasificado de acuerdo a los criterios orgánico o administrativo, económico y funcional. Es así como el criterio orgánico clasifica los gastos públicos de acuerdo a la unidad u organismos administrativos que realizan el gasto corriente. Por su parte el criterio económico clasifica el gasto público desde dos puntos de vista gastos corrientes o de inversión (son aquellos que realiza el Estado para cubrir su funcionamiento normal) y desembolsos unilaterales, transferencias.
Gasto público reales o de consumo
Son aquellos gastos corrientes en los que el sector público recibe a cambio una contraprestación. Estos gastos representan la contribución del sector público al consumo de una sociedad. En este grupo podrían incluirse los gastos por adquisición de bienes consumibles o por servicios prestados al Estado.
Mixta
Son combinaciones de los gastos públicos, que se elaboran con fines de análisis y toma de decisiones. Esta clasificación permite mostrar una serie de aspectos de gran interés, que posibilitan el estudio sistemático del gasto público y la determinación de la política presupuestaria para un período dado.
Las siguientes son las clasificaciones mixtas más usadas:
- Institucional por programa
- Institucional por la naturaleza del gasto
- Institucional económico
- Institucional sectorial
- Por objeto del gasto económico
- Sectorial económica
- Por programa y por la naturaleza del gasto.

1.2. Evolución Histórica del Gasto Público Venezolano

En los últimos veinte años, Venezuela ha tenido ajustes del gasto público en función de su ingreso. A pesar de ser un país con grandes recursos humanos y naturales (renovables y no renovables), en las últimas décadas el resultado económico no ha sido satisfactorio.
Como consecuencia del aumento del precio del petróleo en los años 1973 y 1974 se produjo una expansión transitoria del crecimiento económico impulsado por la demanda, pero a pesar de una segunda alza de dichos precios en petróleo en 1979 y 1980, el crecimiento anual per cápita fue negativo en el período comprendido entre 1979 y 1985.
Desde 1983 en adelante el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de las personas ha disminuido debido a constantes devaluaciones y una inflación que hoy es una de las más altas. Entre los años 1986 y 1988 se pusieron en marcha políticas de expansión que llevaron a un aumento transitorio del crecimiento. Dichas políticas, sin embargo, resultaron insostenibles, la inflación aumentó, las reservas externas disminuyeron y se produjo una escasez generalizada. Luego de un corto período las escuelas y los hospitales de la nación están en ruinas, las carreteras siguen sin terminarse, no hay nuevas obras de infraestructura desde hace décadas y ni siquiera se ha podido restablecer la vialidad y los servicios básicos, esto conlleva que las condiciones económicas políticas y sociales de Venezuela se deterioren considerablemente, debido a una serie de hechos que tuvieron un gran impacto negativo en el país: la disminución de los precios de exportación del petróleo, la inestabilidad política, una crisis bancaria de importancia, el nivel de desempleo sigue creciendo, como consecuencia, se produjo una caída del PIB de los sectores no relacionados con el petróleo, la inflación continua en aumento y las reservas internacionales disminuyeron.
A principios de 1996, el gobierno puso en marcha un programa económico de Estabilización y Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", Petróleos de Venezuela (PDVSA), dio inicio a la modalidad de "Apertura Petrolera", que consistía en otorgar contratos a empresas privadas, para la exploración y explotación de petróleo, estas concesiones son cedidas, en este caso a la empresa que mayor porcentaje de ganancia deje al país. Hacia 1997 la economía del país se mantuvo monoproductora, dependiendo en su mayor porcentaje del sector petrolero y con serios desequilibrios estructurales, que incluían un aumento del déficit fiscal, un déficit en la cuenta corriente externa, un elevado nivel de desempleo, elevados índices de inflación y elevados actos de corrupción. Uno de los problemas que ha debido enfrentar Venezuela en la década de los noventa ha sido su dependencia económica del petróleo y la baja generalizada de los precios reales de este producto así como de los ingresos por este concepto, exceptuando 1999 cuando su valor durante todo el año está en US$16 por barril.
La contribución del petróleo al PIB total aumentó de aproximadamente el 21% a principios de los años noventa, al 26% a finales de esa década. Al mismo tiempo, la participación de la agricultura en el PIB disminuyó de alrededor del 6% en 1990, al 4% en 1998, la participación de la industria manufacturera disminuyó de aproximadamente el 13% al 10%, y del sector de servicios se mantuvo en alrededor del 60% del PIB.
En estas circunstancias, los salarios reales disminuyeron significativamente y el desempleo aumentó. A pesar de la existencia de un salario mínimo obligatorio durante la mayor parte del período comprendido entre 1990 y 1999, el salario real medio disminuyó aproximadamente un 23%. La caída del salario real afectó a todos los sectores del mercado laboral. A partir del año 2000, durante el segundo trimestre, el PIB creció entre 2% y 3% en relación con igual período del año anterior (tras una expansión de alrededor del 0,3% en el primer trimestre), dando una señal de recuperación económica después de una caída del 7,2% en 1999. En agosto de 2000 la inflación se redujo al 15%, la tasa más baja de los últimos 14 años que, además, se ajusta a la meta de 16% fijada por el gobierno para el año 2000. La disminución de la inflación se logró debido a una recesión económica y de una caída tanto del consumo como de la inversión.
La combinación de un tipo de cambio sobrevalorado y bajas tasas de interés real ha creado las condiciones para que surjan presiones en el sector externo. Sin embargo, no se han producido restricciones inmediatas a la balanza de pagos, las salidas de capital han sido ampliamente compensadas por el efecto expansivo de los elevados precios del petróleo en los ingresos provenientes de las exportaciones y, al mismo tiempo, las importaciones se han visto restringidas como consecuencia de la recesión. Hasta mediados de septiembre, el precio medio de la cesta petrolera Venezolana era de aproximadamente US$28, en comparación con aproximadamente US$16 durante todo 1999. Las reservas de divisas han aumentado a más de US$18.000 millones, de los cuales se han destinado al fondo de estabilización macroeconómica US$2.300 millones, que equivalen a 16 meses de importaciones. A fines de agosto el tipo de cambio llegó a 690 bolívares por dólar. Aun después de la reciente monetización del déficit fiscal correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo, las reservas internacionales cubren por lo menos 2,1 veces la base monetaria y más del 75% del M2.
De lo anterior, en el primer semestre del 2000 el sector público registró un superávit. Algunas medidas clave adoptadas por el gobierno a comienzos de año, tales como la reducción de 1% del IVA, la eliminación del impuesto de débito bancario, y el aumento de los gastos corrientes, sumado a una baja recaudación de impuestos y a la disminución de los ingresos por tal concepto debido al bajo crecimiento económico, han conducido al deterioro del déficit fiscal correspondiente a los sectores no relacionados con el petróleo. Actualmente el gobierno enfrenta los mismos problemas de otras administraciones anteriores: un creciente déficit, presiones sobre la moneda y una inflación que comienza otra vez a salirse de control.
Durante el período 2000-2008 los recortes de producción que la OPEP acordó a partir de 1999 logran su objetivo y a principios de 2000 el precio del petróleo supera por primera vez desde 1986 la barrera de 30 dólares por barril. El grupo de la OPEP fija, en el 2000, un objetivo de precios en forma de banda entre 22 y 28 dólares por barril.
La OPEP reacciona a los altos precios con aumentos de su producción, pero un fuerte incremento de la demanda, debido a la emergencia de China e India como grandes consumidores, sumado a problemas de producción (una huelga patronal en Venezuela a partir de Diciembre de 2002 y la invasión de Irak en Marzo de 2003) provocaron nuevas subidas de los precios.
El crudo alcanzó prácticamente los 80 dólares por barril en el verano-invierno de 2006. A mediados de Julio de 2007 el valor se sitúa por encima de los 72 dólares por barril. Desde Octubre de este año se sitúa por encima de los 90 dólares por barril.
En 2008 el Gobierno de Indonesia anuncia que se desliga de la OPEP, hasta ahora era el único país del sudeste asiático, sin embargo seguirá siendo miembro hasta fines de año, dejando abierta la alternativa de regresar a la OPEP si logra aumentar su producción.

1.3. Déficit
1.3.1 Concepto
Un déficit es una escasez de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra cosa. La palabra déficit, por tanto, se utiliza para referirse a diversas situaciones como las siguientes: déficit presupuestario, déficit comercial, déficit alimenticio.
El concepto de déficit fiscal describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado u otras entidades públicas en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año, superan a sus ingresos. Cuando se habla de déficit del público se está haciendo referencia al déficit del conjunto de las administraciones públicas de un país, así como por ejemplo si nos referimos al caso español; dentro del déficit público se encontraría una parte originada por el Estado, otra por las comunidades autónomas y otra por los ayuntamientos, siendo el déficit público la suma de todas ellas. El déficit comercial se refiere a el balance o balanza de pagos que es un documento contable en el que se registran las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período de tiempo determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no residentes. Las transacciones registradas en la balanza de pagos aparecen agrupadas en diferentes sub-balanzas, de acuerdo con el carácter que tengan. La diferencia entre ingresos y pagos de una determinada sub-balanza se denomina saldo de la misma. El saldo final de la balanza de pagos en su conjunto dependerá del régimen de tipo de cambio de la economía. En el caso de un sistema de flotación limpia la balanza de pagos siempre está equilibrada, esto es, tiene saldo cero. En cambio, cuando la economía se rige por un tipo de cambio fijo, el saldo es equivalente al cambio en las reservas netas del Banco Central.

1.3.2. Evolución
La existencia de déficits de los presupuestos públicos en los países ha sido un hecho que se empezó a generalizar en los años siguientes a la crisis del petróleo de 1973. Como origen del aumento y la persistencia del déficit público se distinguen cuatro hechos principales:
Inmediatamente después de la crisis del petróleo, las economías experimentaron una fuerte desaceleración de la actividad, como consecuencia se produjo una menor recaudación fiscal y a la vez un aumento de los gastos sociales ligados al desempleo. Este fenómeno conocido como el efecto de los estabilizadores automáticos incrementó la cuantía de los déficits.
La persistencia de los déficits de presupuesto públicos en las economías ha provocado un aumento del endeudamiento público que ha incrementado los tipos de interés. Todo esto ha desembocado en que el componente de gastos de intereses por esta deuda ha experimentado un gran aumento, contribuyendo a su vez por si mismo a un mayor déficit.
La incidencia de la inflación sobre el gasto público. Esta influencia viene motivada por el hecho de que los gastos públicos se adaptan con mayor rapidez a la inflación que los ingresos. Los déficits presupuestarios se habían considerado de forma tradicional en la política económica keynesiana como forma de estimular la demanda de productos y en general la actividad económica ante situaciones de caída del consumo y la inversión privados, pero estas medidas se han demostrado poco eficientes, en determinadas ocasiones, por la existencia de una serie de consecuencias indeseadas de los déficit presupuestario que anulan el efecto inicial expansivo.
- Efectos de expulsión real. Este efecto supone que los incrementos de la demanda producidos no conllevan una mayor actividad en el país sino que conduce a un incremento de las importaciones que son las beneficiadas del déficit. Un ejemplo de esta situación se dio en Francia en los años 1981 a 1983.
- Una segunda manifestación de los efectos de expulsión real se producen en el comportamiento que experimenta el ahorro privado ante el déficit presupuestal. En determinados casos en que el déficit se financia mediante la emisión de dinero y la consiguiente aceleración de la inflación, las familias reaccionan como mecanismo de defensa incrementado su ahorro y por tanto disminuyendo el consumo privado, compensando y diluyendo por tanto el efecto del mayor gasto público.
- El efecto de la expulsión financiera. La financiación del déficit mediante la acumulación de deuda pública y aumento de los tipos de interés provoca un efecto sobre la economía privada de expulsión, en el sentido de que la escasez de capitales por la deuda provoca que proyectos de inversión y gasto privados no puedan realizarse disminuyendo la actividad privada.
Pero para estudiar adecuadamente los efectos del déficit presupuestario sobre el nivel de actividad hay que tener en cuenta no solo la cuantía del mismo, sino también de la composición del gasto público que se lleva a cabo, la estructura del sistema impositivo, su financiación y también el carácter coyuntural o permanente de sus causas.

1.4. Superávit
1.4.1. Concepto
Superávit es la abundancia de algo que se considera útil o necesario. Es un término empleado sobre todo en economía. Es cuando el total de los activos de una organización anónima se le restan la totalidad de los pasivos, esta queda una suma igual al Capital pagado, con una cierta diferencia. Cuando ésta diferencia resulta positiva se le llamará Superávit y cuando resulte negativa, se le llamará Déficit.
El término superávit económico se refiere a la diferencia de los ingresos sobre los gastos (egresos) en una organización durante un periodo determinado. Concretamente, el superávit de un Estado se debe a que recauda más por impuestos, tasas, retenciones, entre otros, que lo que gasta en proveer servicios públicos y pagar deudas. Normalmente no entran dentro de este concepto los préstamos para hacer frente a alguna deuda ni los capitales de amortización.

1.4.2. Evolución del superávit:
En el año 1996, el Gobierno de Venezuela emprendió un Programa de Estabilización y Reformas Estructurales denominado "Agenda Venezuela", cuya fase inicial tuvo como objetivo el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos. El eje principal de este programa se estableció alrededor de un ajuste fiscal de carácter estructural, sobre la base de atribuir al desajuste de las finanzas públicas un papel crucial en la generación de la necesaria estabilidad económica interna y externa. Se firmó un acuerdo de colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante todo el año la ejecución de las diferentes políticas se ajustó, en términos generales, a lo establecido por el Ejecutivo y sus resultados fueron prácticamente los esperados, de tal forma que las metas establecidas en el programa fueron alcanzadas dentro del contexto internacional de una evolución favorable del mercado petrolero. Después del éxito inicial de la fase de estabilización, el desempeño durante 1997 y 1998 dependerá de la profundización del ajuste fiscal y de la aplicación de un conjunto de reformas estructurales que garanticen el mantenimiento de la nueva política económica emprendida.
Como resultado de todo esto, la inflación disminuyó de forma importante, aunque en tasas menores de lo previsto, desde el 12,6% en mayo hasta el 3,0%. Después de la substitución del control de cambios por un sistema de bandas en abril, el tipo de cambio se estabilizó alrededor de 470 bolívares por dólar y evolucionó de forma estable durante el segundo semestre del año, sin mayores intervenciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, la aparición de un gran repunte positivo del sector petrolero generó algunos problemas respecto a la política cambiaria, monetaria y fiscal, problemas que dificultaron el objetivo de alcanzar la tasa de inflación prevista. Las consecuencias del ajuste sobre el nivel de actividad económica fueron similares a las previstas. El PIB total descendió en un 1,6% y el no petrolero en un 3,6%. En la misma línea, al cierre del año las reservas internacionales netas alcanzaron los 12 millardos de dólares, el nivel más alto desde 1985. A pesar de la reducción de las tasas de interés, la inversión privada disminuyó fuertemente, acentuando la tendencia registrada el año anterior. El desempleo se mantuvo alto, en niveles superiores al 11%.
La fortaleza del mercado petrolero, la devaluación y los esfuerzos por controlar el gasto público influyeron en la recuperación de las cuentas del sector público y del Gobierno Central. Así, el sector público consolidado cerró el año con un superávit del 7,9% del PIB, en comparación con un déficit del 8,3% en el año anterior. Igualmente, el Gobierno Central logró un superávit del 0,7% del PIB, frente a la situación deficitaria de 1994 (-6,8%) y 1995 (-4,8%). Sin embargo, el déficit no petrolero primario subyacente del Gobierno Central, como medida más adecuada del esfuerzo fiscal específico, se mantuvo en unos niveles similares a los de 1995 (6% del PIB), hecho que puede ser explicado en parte por la caída del PIB no petrolero; es decir, que una posición fiscal sostenible requiere esfuerzos adicionales para controlar el gasto y aumentar la recaudación interna.
La fase final de la Agenda Venezuela contempló el inicio de una serie de medidas de reforma estructural, tales como la privatización de los activos del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE) o como la venta del 49% restante de las acciones de la telefónica CANTV. Además, el Gobierno también impulsó las discusiones sobre la reforma del régimen de prestaciones sociales, promulgó un decreto para la regulación del sector eléctrico con el objetivo de dar entrada al capital privado y adelantó los estudios previos para la privatización de las empresas del hierro y del aluminio.
En el año 1997, la economía venezolana comenzó a cosechar los frutos del programa de ajuste aplicado el año anterior, cerrando el año con un crecimiento del 5% en el que participaron tanto el sector petrolero como el no petrolero. Los esfuerzos dedicados a la consolidación de los equilibrios macroeconómicos no dejaron de encontrar numerosas dificultades. La ya mencionada favorable evolución del sector externo y la abundancia de dólares permitieron la apreciación del bolívar en términos reales, contribuyendo así al control de la inflación; pero, dado que los ingresos fiscales tienen fundamentalmente un origen externo, esta evolución limitó el aumento de los mismos en moneda local, que fue inferior a la inflación. Por otra parte, el gasto corriente se vio impulsado por los aumentos de los salarios oficiales cercanos al 75%; como consecuencia, el Gobierno central debió realizar un mayor esfuerzo fiscal para, tras registrar sendos déficits en el segundo y tercer trimestre, cerrar el año según las previsiones (superávit del 1,6% del PIB). La expansión de la liquidez hizo que la inflación disminuyera menos de lo programado, después de haber conseguido en marzo el nivel más bajo como consecuencia de las medidas de ajuste. La política de leve deslizamiento cambiario aplicado por el Banco Central de Venezuela constituyó el primer instrumento para controlar la inflación. El tipo de cambio continuó evolucionando dentro de las bandas establecidas (7,5% superior e inferior), que se reajustaba a razón de un 1,32% mensual hasta agosto y en un 1,16% en los meses siguientes. En el segundo año de aplicación de la Agenda Venezuela se acometieron las reformas estructurales contempladas en el programa. A fines del primer semestre se promulgó una reforma de la Ley del Trabajo, que sentó las bases para una revisión a fondo del sistema de seguridad social mediante la recapitalización del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la creación eventual de fondos de pensiones privados. La reforma implicaba el reconocimiento por parte del Gobierno de deudas laborales equivalentes a 8.000 millones de dólares en cinco años, así como otras necesidades de refinanciación por otros 6.000 millones. Como consecuencia, la deuda pública global creció en un 40%. Durante el año continuó la apertura del sector petrolero al capital privado con una tercera ronda de convenios operativos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que permitió recaudar 2.172 millones de dólares por derechos otorgados a 18 consorcios para la explotación de campos petrolíferos marginales. Sin embargo, el programa de privatizaciones se estancó y la principal de ellas, la venta del complejo alumínico de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quedó postergada hasta 1998. Por el contrario, se despejó el camino jurídico para la subasta de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), programada y ejecutada en la segunda quincena de diciembre. El entorno macroeconómico y la positiva reacción de los mercados financieros internacionales crearon un ambiente favorable para el repunte de la inversión y el consumo interno. El producto interno bruto no petrolero creció en un 2% durante el primer semestre, mientras que el petrolero mantenía el elevado dinamismo de años anteriores y lo hacía en un 9%; el repunte fue muy destacado en el sector de la construcción, que aumentó en un 14%. Esta misma tendencia se consolidó durante el segundo semestre: a finales de octubre, las ventas de vehículos registraban un crecimiento anual de un 165% y las compras privadas de productos importados de un 32%, mientras que el crédito al consumo crecía hasta alcanzar casi la cuarta parte de la cartera bancaria. Al finalizar el año, el crecimiento de la economía alcanzaba y superaba el 5%. La tendencia ascendente de la tasa de desempleo desde el año 1993 se detuvo, bajando incluso hasta el 11,5% en el tercer trimestre. La proporción de empleo informal también disminuyó, descendiendo por debajo del 48%; a estos resultados contribuyó sobre todo el aumento de los puestos de trabajo en las industrias de la construcción y manufacturera. Además, a la recuperación del consumo contribuyeron los aumentos salariales concedidos a comienzos de año; en junio, se elevó el salario mínimo legal, que pasó de 32.000 (incluidos los bonos) a 75.000 bolívares. Las exportaciones del principal producto, el petróleo, se beneficiaron del repunte de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional tras la caída sufrida en el primer trimestre del año. A finales de noviembre, el precio medio de exportación venezolano era todavía casi un 10% inferior al promedio de 1996, situación que provocó cierto deterioro de la relación de intercambios del país. Sin embargo, la expansión de los embarques y la recuperación de las exportaciones no petroleras permitieron aumentar los ingresos netos por este concepto en un 3%. Como las importaciones, impulsadas por la recuperación económica y la apreciación real del bolívar, crecieron en más de un 30%, el saldo de la balanza comercial se redujo, aunque continuó contando con excedentes de 11.500 millones de dólares, al igual que el de la cuenta corriente, con cerca de 6.000 millones.

1.5. Presupuesto del Sector Público
1.5.1. Definición
Presupuesto público, presupuestos del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos, constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones (gastos) que, como máximo, pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio (anual).

La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del congreso o parlamento de un país, mediante la correspondiente ley de presupuestos; que es una norma legal, contemplada en diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales de año que regula todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, es una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa pero también de control. Por sus especiales características, la ley de presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta de las otras leyes.
La aprobación del Presupuesto Fiscal de Venezuela permite conocer algunas estimaciones que pronostica el gobierno para el año siguiente, como el crecimiento del PIB, estimación del precio del barril de petróleo, precio del dólar, entre otros.

1.5.2. Objetivos del Presupuesto Público
- Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las necesidades del ente, trasformando las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos.
- Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad fiscal así como la base legal para la realización del gasto público.
- Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto plazo.
- Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos y facilitar el control.
- Permitir que el público conozca los programas de gobierno.

1.5.3. Relación entre Presupuesto y Planificación

El presupuesto es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. Es una herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica, ofrece un espacio para la coordinación de las acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales; sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para la realización del gasto público. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público, pues delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto.

1.5.4. Naturaleza Jurídica del Presupuesto del Estado Venezolano

El presupuesto del Estado Venezolano se rige, principalmente, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo II Del Régimen Fiscal y Monetario, Sección Primera: Del Régimen Presupuestario, artículos del 311 al 315.
La gestión fiscal cumplirá con los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Se enmarcará en un presupuesto plurianual de tal forma que los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir los gastos ordinarios.
Una vez realizado el presupuesto nacional, se elabora la Ley con el mismo nombre (Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año). Dicha Ley se entrega a la Asamblea Nacional para su sanción y aprobación.
A su vez, los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.
Es importante destacar que la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso (artículo 313).
El artículo 314 especifica que “no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación…”.

1.6. Gasto Estadal y Municipal
De acuerdo a la división política-administrativa de la República Bolivariana de Venezuela y a su concepción de Estado Federal, tanto la República como los estados y los municipios, cuentan con un organismo administrativo tributario que opera independientemente en los tres niveles de poder, de acuerdo a las facultades y competencias que le son atribuidas por la Constitución Nacional y las leyes respectivas. Dichos organismos están regidos por los principios de integridad territorial, autonomía, coordinación, cooperación, solidaridad ínter territorial y subsidiariedad lo cual les permite actuar coordinadamente entre ellas para que en conjunto armonicen el sistema tributario nacional, cumplan los fines del Estado y apoyen el proyecto general del país
Administración tributaria estadal: al igual que la de la República, la administración tributaria estadal corresponde a un organismo autónomo, sin personalidad jurídica creada para administrar y recaudar los ramos tributarios que le son propios a los estados. Opera en cada uno de los estados (23 estados) que conforman la nación y en el Distrito Metropolitano de Caracas (1 Distrito Metropolitano) y está adscrita a las distintas gobernaciones. Se le denomina según la identificación que le otorga el Gobierno Estadal al cual representa, lo que quiere decir que tiene nombres diferentes para cada uno de los estados e inclusive para el Distrito Metropolitano. En cuanto a los ramos tributos propios que administra, son los que disponen las leyes nacionales y estadales, tales como los provenientes de la venta de especies fiscales (papel sellado, timbres y estampillas), así como las tasas provenientes de los peajes. El producto de lo recaudado por estos conceptos son invertidos por el Ejecutivo Estadal (gobernador) en programas de desarrollo económico y social del estado del cual se trate.
- Administración tributaria municipal: al igual que las anteriores, la administración tributaria municipal corresponde a un organismo autónomo descentralizado, sin personalidad jurídica, creado con la finalidad de asegurar la eficiencia, liquidación y recaudación de los tributos municipales. Opera en los distintos municipios existentes en el país (335 municipios) y está adscrita a las distintas alcaldías. Se le denomina según la identificación que le otorga el Gobierno Municipal al cual representa, lo que quiere decir que es diferente para cada alcaldía. En relación a los tributos que resguarda se encuentran la tasa por el uso de sus bienes o servicios; la tasa administrativa por licencias o autorizaciones; el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar; el impuesto sobre inmuebles urbanos; el impuesto sobre vehículos, el impuesto sobre espectáculos públicos; el impuesto sobre juegos y apuestas lícitas; el impuesto sobre propaganda y publicidad comercial; el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas; el impuesto territorial rural o sobre predios rurales y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística. Los recursos económicos que se obtienen por estos ramos tributarios, son invertidos por el Ejecutivo Municipal (alcalde) en planes de desarrollo económico y social correspondiente al municipio al cual pertenezca.
Como se puede observar en Venezuela se reproduce la misma organización institucional de la administración tributaria en sus tres niveles de poder; así pues, en relación a las funciones sucede lo mismo. La administración tributaria venezolana posee una serie de funciones que son altamente reconocidas por la doctrina jurídica, entre las cuales es importante mencionar la asistencia ciudadana, la que adquiere cada vez más relevancia en el mundo moderno.
En la República Bolivariana de Venezuela el SENIAT utiliza diferentes estrategias para combatir no solo el incumplimiento de las obligaciones tributarias, si no también para trasformar su institucionalidad y visión del contribuyente como su principal aliado a través de planes y/o mecanismos de educación, difusión, asistencia al contribuyente, fiscalización y modernización institucional, dirigidos a minimizar los niveles de incumplimiento.
A través de dichos planes, el SENIAT proporciona a la nación los recursos necesarios por vía de la recaudación de rentas de origen no petroleros y establece nuevos lineamientos y estrategias, que permiten, mediante la función de fiscalización y verificación, cumplir con el objetivo propuesto de tener presencia fiscal a nivel nacional, para verificar el cumplimiento de los deberes formales, fomentar el riesgo subjetivo, realizar operativos especiales de divulgación, consolidar una cultura tributaria de calidad en el país y reestructurar la función pública. Según el ex-Superintendente Nacional del SENIAT Vielma (2007) se elaboran y ejecutan para lograr un acercamiento con el contribuyente.

1.7. Incidencia del Gasto Público y la planificación presupuestaria para la economía Nacional
Los gastos realizados por el gobierno son de naturaleza diversa. Van desde cumplir con sus obligaciones inmediatas como la compra de un bien o servicio hasta cubrir con las obligaciones incurridas en años fiscales anteriores. Sin embargo, muchos de ellos están dirigidos a cierta parte de la población para reducir el margen de desigualdad en la distribución del ingreso.
Por lo tanto, saber en que se gasta el dinero del presupuesto público resulta indispensable y sano, pues a través de este gasto se conoce a quienes se ayuda en forma directa e indirecta. En esta sección encontrará diversos documentos que dan luz sobre cómo se gasta el dinero público y a quienes se beneficia.

1.8. Gestión Financiera del Gobierno Central Actual
Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias.
Funciones
• La determinación de las necesidades de recursos financieros: planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de la financiación externa.
• La consecución de financiación según su forma más beneficiosa: teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa.
• La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de tesorería: de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad.
• El análisis financiero: incluyendo bien la recolección, bien el estudio de información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera de la empresa.
• El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones.

1.9. Política Fiscal en la actualidad
La política fiscal es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica (y entrar en déficit o superávit según convenga). Por lo tanto, es una política en la que el Estado participa activamente, a diferencia de otras como la política monetaria.

1.9.1. Objetivos finales de la política fiscal
• Plena ocupación (mayor nivel de empleo posible)
• Control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público
• Controlar un déficit o un superávit
Hay que aclarar que el déficit (déficit fiscal, ya que se trata de un gobierno) no es necesariamente algo malo que hay que evitar. Los partidarios de la política fiscal creen que, en vez de intentar estar en el punto de equilibrio, va bien aumentar el gasto público para incentivar la economía; por tanto G>T y hay déficit.

1.9.2. Tipos de política fiscal
Puede ser expansiva o restrictiva:
• Política fiscal expansiva: cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un período de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación.
• Política fiscal restrictiva: cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo cuando la economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit.
1. Política fiscal expansiva
Los mecanismos a usar son:
• Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el paro.
• Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas, en conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo.

De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores impuestos, el presupuesto del Estado, genera el déficit.
2. Política fiscal contractiva
Es la el que hace disminuir la demanda agregada, a fin de generar un exceso de oferta agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el nivel de ingreso.
3. Política fiscal restrictiva
Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva, y más duros:
• Reducir el gasto público, para bajar la producción.
• Subir los impuestos, para que la gente no gaste tanto y las empresas puedan invertir menos, así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda.

De esta forma, al haber menor gasto público, y mayores impuestos, el presupuesto del Estado, genera un superávit.

Aumenta la demanda: se le pone un impuesto a los consumidores para que esta baje

1.10. Política Fiscal en Venezuela.
1.10.1. Antecedentes
Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.
Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran perdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

1.10.2. Política Fiscal Actual
El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.
En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.
Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.
Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables como la nuestra.

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